Con ocho votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la Comisión Permanente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCCE) aprobó un documento que recoge el posicionamiento de este organismo sobre el proyecto de Ley de Memoria Democrática, especialmente en lo que a la adquisición de la nacionalidad se refiere, y solicita al Gobierno que asuma los puntos recogidos en la Proposición de Ley sobre nacionalidad presentada en el Senado.

Según explica el documento, esta proposición “cubre todos los supuestos previamente aprobados por el CGCEE y resolvería una de las injusticias de nuestra democracia, como es el acceso a la nacionalidad para descendientes”.

La Comisión Permanente, en el comunicado, se lamenta de que el Gobierno no cumpliese con el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que especifica que es atribución del CGCEE conocer con carácter previo los anteproyectos de ley que afectan directamente a los españoles en el exterior y explican que les hubiese gustado conocer el texto del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática “para poder formular consideraciones o propuestas sobre una materia que indudablemente le concierne” y que, “como en otras ocasiones, la Comisión Permanente toma la iniciativa de comunicar las consideraciones” que considera oportunas.

La Permanente reconoce que la futura Ley de Memoria Democrática “adopta medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales”, pero asegura que esto no se cumplirá si la disposición de adquisición de la nacionalidad deja “nuevamente” fuera “a muchos de los descendientes de la emigración, sin tener en cuenta ninguno de los acuerdos aprobados por el CGCEE, en esa lucha constante que tiene este Consejo desde hace muchos años por recuperar y afianzar los derechos y libertades democráticas que le son negados a los emigrantes españoles”.

Según aseguran, la propuesta actual solo elimina que los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad española, tengan que residir legalmente un año en España antes de optar a la nacionalidad.

La Comisión, por su parte, quiere que se modifique la disposición adicional séptima del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática para que puedan adquirir la nacionalidad los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Asimismo, que sean considerados españoles de origen aquellos hijos nacidos en el exterior de emigrantes españoles, tanto de los que mantuvieron la nacionalidad como de los que se vieron obligados a renunciar a ella para poder trabajar y sustentarse en el país de acogida.

También pide que puedan recuperar la nacionalidad mediante una declaración de voluntad ante la sede del Registro Civil aquellos que la perdieron por no ratificarla al cumplir la mayoría de edad y que se conceda la nacionalidad a los hijos que eran mayores de edad cuando sus padres accedieron a la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica.

Asimismo, solicitan que los hijos de aquellas personas originariamente españolas, nacidas en el exterior, puedan optar a la nacionalidad española de origen.

La Comisión Permanente quiere que el Gobierno tome estos puntos en consideración y por eso el presidente del CGCEE, Eduardo Dizy, ha solicitado al secretario del Consejo y también director general de Migraciones, Santiago Yerga, que envié el documento al Consejo de Ministros, a todos los grupos políticos del Parlamento y a cuantas instituciones considere adecuadas.

El documento concluye reiterando su solicitud para que el Gobierno, tal y como establece el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, les consulte sobre todo aquello que atañe a los españoles en el exterior y que tomen “definitivamente en consideración todos los acuerdos aprobados por el pleno del Consejo respecto a una nueva y verdadera Ley de nacionalidad”