Doble R, desea publicar íntegramente el excelente artículo que escribió en julio de 2013 el Sr. Ángel Capellán, ex-consejero general por Estados Unidos, que ha elaborado en exclusiva para ‘Crónicas de la emigración’   y que reseñamos antes.
Con ello reconocemos la valía de sus ideas y razonamientos a la luz de los acontecimientos actuales y con el espíritu constructivo que subyace en las 11 cuartillas de dicho artículo que ha sido nuestro mensaje a Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno e impulsora de la Ley de Memoria Democrática (LMD)

Los argumentos del Sr. Capellán es la mejor presentación que puede hacer nuestro Grupo para las opiniones que se han solicitado acerca de este posible texto legal, Ley de Memoria Democrática (LMD).

Deuda de España con la Emigración por Angel Capellán

El colectivo de españoles en el exterior es posiblemente el único que ofrece una balanza abrumadora favorable en contribuciones a las arcas españolas cuando sólo percibe ayudas directas minúsculas en servicios básicos. Somos españoles netamente contribuyentes a la economía española. La evidencia es abrumadora.
Primero, es de sobra ya sabido lo decisiva que fue la contribución de la emigración española al resurgimiento y desarrollo de nuestra patria en las últimas décadas del siglo XX. De ahí que a todos nuestros dirigentes les encanta proclamar retóricamente “la gran deuda que tiene España con la emigración”. Nadie parece ponerlo en duda. No solo los dirigentes, sino que nuestras propias leyes lo han codificado enfáticamente, como lo hace el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior en su exposición de motivos. Con todo, a pesar de los programas de ayuda que han existido, lo triste es que esta deuda nunca se ha compensado ni remotamente como hubiera sido de esperar. Está muy bien reconocerlo, pero dicho reconocimiento debe tener también consecuencias.
Segundo, lo que lamentablemente se ignora con una miopía exasperante es que esa deuda sigue acumulándose de una manera destacable año tras año. En el Gobierno y Parlamento españoles todos saben o deben saber que los españoles en el exterior siguen contribuyendo a la economía española con remesas directas mesurables, estimadas por el Banco de España en casi 6.000.000.000 (seis mil millones) de euros anuales. Son cuantías muy considerables. Y esto solo incluye lo que se puede estimar por cifras bancarias fácilmente asequibles, pues hay muchísimo más que sumar. En compensación, nuestro colectivo recibe en ayudas directas del Estado Español unos 75.000.000 (setenta y cinco millones) de euros –asombrémonos, 80 veces menos que la cuantía de las remesas–.
Tercero, estas cuantiosas remesas son tan solo una pequeña parte de lo que aporta nuestro colectivo. ¡Cuánto más contribuyen también los dos millones de españoles en el exterior de otras mil maneras mesurables, pero no tan fácilmente cuantificadas hoy día!

Promotores del Comercio Español y de la Marca España

Caso especial es la contribución de sobra conocida de las grandes empresas y los españoles que gestionan su acción en el exterior. Damos por hecho que estas contribuciones son fruto primariamente de la acción del Estado Español y del alto mundo empresarial y bancario. Aun así, muchos de estos españoles también son parte de nuestro colectivo pues mayormente son residentes, en muchos casos permanentes, fuera de España.
Más allá de este ámbito de la gran empresa, una parte significativa de la exportación española no es fruto solo de la promoción del Gobierno Español o incluso de la que puedan hacer empresas españolas desde el ámbito nacional, sino más bien de la demanda que generan los empresarios españoles en el exterior.
Imaginemos las decenas de miles de millones de euros de venta exterior generada por los pequeños y medianos empresarios españoles, así como los autónomos, que residen habitualmente fuera de España. A ellos podrían también añadirse tantos otros profesionales insertos en empresas extranjeras que estimulan y generan un elevado volumen de exportación de productos españoles. Todos ellos son los que contribuyen a crear esa gran demanda de productos y servicios de España al exterior. Todos ellos han formado durante muchas décadas un segmento considerable de nuestro colectivo. Cuántos restaurantes que venden casi exclusivamente “lo español”. Cuántos empresarios los que importan y distribuyen primaria o exclusivamente productos de España: Vinos, comidas, moda, calzados, manufacturas, servicios, y un larguísimo etcétera.
Y quién puede ignorar, aunque no sea fácil contabilizarlo, los gastos de los españoles en sus viajes de turismo anual y estancias en España. Es lo que un buen amigo de Washington, DC, me designó como “Turismo cautivo permanente”. Y qué de ese turismo extranjero que llega a España en multitudes, la envidia de otros países, que tanto enriquecen a España. Cuántos españoles de nuestro colectivo se dedican a reclutar, organizar y enviar tantísimos turistas y estudiantes extranjeros a España. Además, ¿alguien ha analizado el efecto “atracción y promoción” del español en el exterior que, con un entusiasmo desbordante, estimula precisamente ese movimiento turístico hacia nuestro país?
Contribución destacable también es la de los españoles que habiendo hecho su vida en el exterior vuelven como retornados y reciben sus pensiones durante sus años dorados en la misma España. Ya no son emigrantes o residentes en el exterior, pero, como retornados, contribuyen a la economía española precisamente con los frutos de muchos lustros de trabajo en el exterior. Por si alguien lo pone en duda, estas remesas no aparecerán en la estadística antes mencionada del Banco de España, pues éstas las traen españoles “retornados” y no residentes en el exterior. Ya no son emigrantes en las estadísticas del INE.
Y quién vende mejor la “marca España”, y quién lo ha hecho ya durante décadas, si no son los mismos españoles en el exterior (antes incluso de que se inventara este florido rótulo). Pero desafortunadamente, quienes proponen promocionar la “Marca España”, ahora de una manera más dirigida desde el Gobierno, están ignorando que sus mejores colaboradores, partícipes, y la mejor fuente de recursos humanos para su promoción serían precisamente los españoles en el exterior.
Curiosamente, en España se diría que acaban de descubrir lo que significa llevar y promover la bandera de España y la marca España a todo el mundo, cuando millones de españoles en el exterior han sido ya desde hace muchas décadas los mejores abanderados y promotores de lo mejor de España. Y atención: No se trata de presumir vanamente, sino de reconocer justamente, y ahora de aunar esfuerzos.
Y quién dijo por ahí que los españoles en el exterior no pagan impuestos. Este es otro de los muchos mitos falsos que afrontan a un colectivo de dos millones de ciudadanos españoles. ¿Desde cuándo se les ha eximido de pagar los impuestos que correspondan al comprar o vender en España una casa, un piso, un solar, un coche? De igual manera están sujetos a pagar el IVA como todos en sus viajes y veraneos en España, o los impuestos de sucesiones, o un largo etcétera. Y si no pagan el IRPF es solo porque sus ingresos no se realizan en España (que si lo fueran también estarían sujetos a él). Lo pagan en sus países de residencia sobre los ingresos que allí perciben.
Nada de esto es puro sentimentalismo, sino que son realidades palpables y mesurables, contantes y sonantes. Son realidades que forman una parte esencial de la España de hoy, y que se traducen en bienestar, en desarrollo, en estabilidad y crecimiento para nuestro País. ¿Cómo hubiera sido la crisis por la que pasa España sin estas aportaciones?

Contribuyentes, sujetos de Derechos, receptores de Servicios

Todo esto nos presenta una imagen del colectivo de españoles en el exterior diametralmente contraria a las falsas impresiones que han prevalecido en nuestro país. La evidencia es abrumadora e innegable, si bien no toda esté hoy en día debidamente cuantificada. Éste es todavía trabajo a realizar.
Debemos así, en consecuencia, buscar una redefinición del colectivo de españoles en el exterior. No somos simplemente ya esos trabajadores, o emigrantes, o descendientes de españoles dispersos por el mundo, con una supuesta tenue conexión con la Madre Patria. Muy al contrario, somos españoles de derecho, importantes partícipes, “verdaderos activos” que tiene España en el exterior, más conectados con España que nunca, contribuyentes netos a la vida y al desarrollo de nuestro país. Y de este concepto integrador deben derivarse las leyes que regulan nuestros derechos y los beneficios que deben emanar del mismo.
Si el Estado Español llega a asumir con todas sus consecuencias este concepto, y si nuestros conciudadanos en territorio nacional llegan a reconocerlo, España tendrá sin duda una creciente fuente de riqueza en el exterior, cada día más integrada y cada vez más fuerte. La España Exterior estaría cada día más íntimamente ligada a la España Nacional. Las Indias y los indianos son sin duda un mito del pasado. Pero a través de los siglos y décadas recientes, este mito se ha ido reencarnando de maneras novedosas. Y ahora más que nunca, pueden renacer, transformado, en un futuro prometedor.

 

Principio Regulador:

La relación del colectivo de españoles en el exterior con el Estado Español debe basarse, no solo como hasta ahora, en una serie de principios, derechos constitucionales, leyes y normas elaboradas para la protección de los trabajadores españoles emigrantes. Se impone ya que realicemos una continua evaluación de lo que significa la elevada contribución de este colectivo a la economía y desarrollo de España. De esta complementariedad, y no solo de las leyes y normas, deben derivarse nuevas bases normativas que regulen el ejercicio de los derechos, servicios y programas de apoyo a individuos en necesidad, así como a órganos de representación, instituciones y asociaciones de españoles en el exterior.

Marco Legislativo y Normativo

Los derechos que tiene nuestro colectivo están ya definidos, mayormente, en la Constitución Española, en el Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior, en los Reales Decretos y Normas que regulan el funcionamiento de sus órganos de representación así como en otras muchas leyes y normas. Que estén definidos no significa que sean siempre justos o que quizá no se estén excluyendo todavía otros derechos que aún no han sido legislados y codificados. Además, con demasiada frecuencia la desconexión entre derechos y usufructo de los mismos es un abismo aún sin franquear.

 

Igualdad de Derechos.

Se impone que el concepto de “igualdad de derechos” sea una realidad tangible y mesurable, y no solo una halagüeña utopía. Con mucha razón el ciudadano español en el exterior declara sentirse frecuentemente como “ciudadano de segunda”. Sabe muy bien que demasiadas veces no puede ejercer sus derechos con equivalencia a su compatriota en territorio nacional. Sabe que esa igualdad de derechos se vulnera con demasiada reincidencia.

 

Derechos Electorales.

Uno de los derechos más fundamentales que tiene todo ciudadano en el mundo desarrollado con sistemas democráticos es el derecho a participar en los procesos electorales libremente y sin impedimentos.
El Artículo 9.2 de nuestra Carta Magna establece de una manera tajante la base para todos nuestros derechos, los de todos los españoles. Afirma con aplomo: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. No olvidemos: Esto no se proclamó para aplicarlo solo a los ciudadanos en territorio nacional sino a todos cuantos ostentan la ciudadanía española en cualquier parte.
Los derechos electorales del colectivo de españoles en el exterior quedan consagrados en el Artículo 68.5 que asevera de modo contundente: “La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”. Pero en febrero de 2011, diríase que el Parlamento Español decidió olímpicamente echar este artículo de nuestra Constitución por la borda.
Con vulneración escandalosa de estos principios constitucionales, especialmente el Artículo 68, la Ley Electoral de 02/2011, elaborada por el Parlamento Español y con pasmosa connivencia de los dos grupos parlamentarios mayoritarios, hizo exactamente lo contrario al mandato constitucional. Quién en su sano juicio elabora y pone en vigor una Ley que, en vez de implementar el sagrado mandato constitucional de facilitar el derecho de sufragio ciudadano, ocasiona un derrumbe de esa participación del colectivo exterior de un 35% a un 5% en elecciones subsiguientes. Resumiendo, con la nueva ley, casi todo el colectivo de electores españoles en el exterior vio imposibilitado en la práctica su derecho al voto.
Cómo pudo llevarse a cabo tal atropello que hace trizas el principio de igualdad de derechos y responde con una monumental bofetada a esa supuesta “gran deuda que tiene España con la emigración”. Cómo el Parlamento Español pudo ignorar el mínimo sentido común, así como la consagrada obligación que tiene por ley de escuchar la voluntad expresa y clarísima de los representantes de nuestro colectivo. Éstos habían propuesto y reclamado durante años normas totalmente opuestas a las que ese eximio cuerpo legislativo emitió en 2011 con tan nefastas consecuencias.
Cómo, añadiendo insulto a la injuria, una vez promulgada la ley y puesta en vigor, ante la evidencia abrumadora de que tenía consecuencias tan devastadoras, no actuó con celeridad para corregir este error histórico, tal como pidió nuestro colectivo por múltiples caminos. Toda excusa de que las reformas legislativas son complejas y llevan tiempo es totalmente baladí, ante la magnitud de un atropello como éste.
Para mayor oprobio, la evidencia de inconstitucionalidad es contundente. Sin embargo, a pesar del clamor que se elevó desde la España Exterior, nadie en el Parlamento, el Gobierno o en las fuerzas políticas mayoritarias tuvo el coraje de admitir los numerosos recursos de inconstitucionalidad que se elevaron (con la salvedad de algunas actuaciones de partidos minoritarios que no tuvo mayores consecuencias).
La evidencia abrumadora de lo que contribuye este colectivo al bienestar de España que justificaría una actitud opuesta a la demostrada por el Parlamento Español, añade punzante sal a una injuriosa herida ya penosa.

 

Derechos a Elegir a sus Representantes en el Parlamento.

Aunque con demasiada lentitud, va cundiendo en ciertos ambientes gubernamentales y parlamentarios la conciencia de que, si somos todos españoles con igualdad de derechos, no hay ninguna razón aceptable para que esa España exterior no tenga representación parlamentaria directa, para que nuestro colectivo pueda elegir a sus congresistas y senadores. Este derecho, no codificado en la Constitución explícitamente ni en el Estatuto de la Ciudadanía (a pesar de que el Pleno del Consejo General se pronunció repetidamente a favor de incluirlo), sigue siendo reclamado ya durante veinticinco años por el Consejo General. Cada mandato que se cumple, todos los plenos lo reiteran, en todos se emiten acuerdos pidiéndolo, se hacen declaraciones, que se fundamentan con gran acierto. Los representantes de nuestro colectivo no han cejado ni cejarán hasta que se consiga este derecho.
Hay un concepto clarísimo en la legislación y la historia del país que me acogió hace 45 años, los EE UU: “No taxation without representation”. No hay imposición fiscal sin representación, podríamos decir. La realidad es diáfanamente simple: El colectivo de españoles en el exterior está sujeto, como todos los demás ciudadanos, a cumplir con todas sus obligaciones impositivas según la circunstancia de su residencia. Y por encima de ello, mucho más allá de sus obligaciones fiscales, contribuye además al bienestar de España de una manera sobresaliente y decisiva, como ya hemos visto.
Qué menos podemos decir que otros países de nuestro entorno (Italia, Francia, Portugal) y otros en ámbitos geográficos diversos, ofrecen ya esta representación parlamentaria directa en sus respectivas cámaras a sus ciudadanos en el exterior. No solo esto, sino que dedican partidas presupuestarias voluminosas para mantener a sus colectivos en el exterior estrechamente ligados a la metrópoli.
Motivo adicional de asombro es que hoy en día haya legisladores españoles que afirman, como si fuera la oferta más inclusiva y generosa posible, que en efecto debería concederse representación parlamentaria en el Senado a nuestro colectivo, pero definitivamente no en el Congreso. ¿Cómo se puede tratar de tal manera como ilusos e ingenuos a un gran colectivo como el nuestro con tantos profesionales destacadísimos? ¿Cómo se puede pretender hacernos creer que dicha representación en un cuerpo sin ninguna consecuencia legislativa, y ahora en peligro de desaparición, tiene el mínimo sentido? ¿Cómo alguien puede pretender que sea tan fácil engañarnos? El ofrecer esta representación en el Senado Español y denegarla en el Congreso es a todas luces denigrante.
Simplemente, es injustificable que nadie nos represente directamente en el Parlamento Español y naturalmente en ambas cámaras. Es un derecho ganado durante décadas, aunque todavía no esté codificado.

 

Ley de Nacionalidad

No podríamos entrar en este tema sin reconocer el decisivo beneficio que ha supuesto para nuestro colectivo tanto la “Modificación del Código Civil en Materia de Nacionalidad”, ley aprobada en 2002, como la Disposición Adicional Séptima de la Ley de la Memoria Histórica (2007). Ambas extendieron el derecho a mantener, recuperar o adquirir la nacionalidad española a los españoles en el exterior. Sea dicho sin embargo, que la segunda vino a subsanar la falta de voluntad de estado del Parlamento que aprobó la primera, precisamente porque se había excluido a un importantísimo colectivo de hijos de quienes habían sido españoles antes de que ellos nacieran.
Con todo, más allá de lo que se ha conseguido con estas dos leyes, que en definitiva son modificaciones del Código Civil, ¿cómo podemos ignorar que todos los países democráticos del mundo tienen una “Ley de Nacionalidad” y no ya una normativa incorporada en el Código Civil? Y ¿en qué compañía estamos a este respecto los españoles?

¡Admírense! Las tres excepciones, países sin tal Ley, son el Vaticano, Andorra, y España.

El Consejo General de la Emigración lleva pidiendo expresamente, ya desde 2005, una Ley de Nacionalidad, clara y diáfanamente razonada, propuesta en un importante acuerdo aprobado por el Pleno celebrado en Santiago de Compostela. ¿Cuál ha sido la respuesta del Parlamento Español ante estas peticiones? Silencio absoluto. Y el silencio aquí no otorga, sino que rotundamente deniega.

Cuál puede ser la lógica y la razón de que el Estado Español siga denegando al colectivo de españoles en el exterior un derecho clarísimamente disfrutado por los ciudadanos del mundo civilizado. Más aún este rechazo subsiste cuando tanto los gobernantes como muchos parlamentarios, como la Corona, como las mismas leyes proclaman que España tiene tal gran deuda con los españoles en el exterior. ¡Qué manera de pagar las deudas!
Volviendo al principio rector expresado arriba, desde todos los ángulos que se considere, tal negativa es una constante vulneración de derechos fundamentales. Muestra una triste ceguera por parte de gobernantes y legisladores al no advertir que, si se estableciera tal ley, sería siempre un fuerte elemento adicional de cohesión nacional.

Refuerzo Institucional de los Órganos de Representación

Uno de los grandes logros del Estado Español en su trato de lo que entonces se llamaba genéricamente nuestra “emigración” fue el establecer una estructura de representación y defensa de los derechos de los españoles en el exterior. Legislada en el 1987-88 y puesta en marcha en el 1988-89, un Real Decreto y una Orden Ministerial crearon lo que se ha llamado el Consejo General de la Emigración, a nivel internacional, adscrito al Ministerio de Empleo, así como los Consejos de Residentes Españoles (los CRE) a nivel consular. La misión de ambas instituciones es de ser órganos consultivos y asesores bien ante las autoridades consulares o bien ante el Gobierno y Parlamento Españoles.
La eficacia de los mismos depende en gran parte no solo de la normativa que los crea y regula, sino de la financiación de que puedan disponer para cumplir su misión. No es suficiente echarlos a andar y dotarlos de derechos. Es igualmente esencial alimentarlos y fortalecerlos con los medios necesarios.
La normativa todavía deja mucho que desear como manifiestan las reincidentes reclamaciones, las deliberaciones en curso que ocupan al Consejo General y las peticiones de cambio a los reales decretos y órdenes ministeriales que los regulan.
Pero mucho más allá de las normas, uno de los obstáculos mayores para que el Consejo General sea eficaz es que sus acuerdos sean con tanta frecuencia ignorados por los poderes del Estado y tengan tan exiguo impacto en las normas que gobiernan a nuestro colectivo.
Aún mucho más serio es que las comisiones del Congreso de los Diputados, vulnerando un mandato legal explícito, ignoran su obligación de oír de viva voz a los representantes de este colectivo en audiencia anual. Si no los oyen, y claro si no los escuchan, malamente van a conocer cuáles son sus reivindicaciones y necesidades.
Y si el Consejo General necesita un apoyo institucional y mayor reconocimiento, los Consejos de Residentes Españoles (CRE) lo necesitan igualmente y aún mucho más. Merecen un serio y continuado apoyo presupuestario para que sean algo más que entelequias que sobreviven tan solo por la generosa dedicación de sus miembros, voluntarios, que trabajan siempre sin compensación económica.
Muy poco consecuente es el Parlamento Español que repetidamente desecha y desoye a un colectivo que tan fundamentalmente contribuye al bienestar de España. Poca gratitud existe aquí y poca correspondencia con decisivas deudas históricas. ¿Hasta cuándo?

 

Programas y Servicios al Colectivo de Españoles en el Exterior

Este refuerzo del marco legislativo y normativo, arriba expuesto, debe tener indudables consecuencias fiscales importantes. Qué menos podría esperar un colectivo como el nuestro sino una compensación justa, aunque sabemos que nunca será equitativa, basada en una gran obligación moral histórica que España contrajo y sigue contrayendo con la España Exterior.
De qué otra manera se puede explicar esa chocante desconexión entre la abrumadora aportación de nuestro colectivo a la economía española y los exiguos, a veces ínfimos, beneficios que percibimos en servicios y aportaciones del Gobierno Español. La más elocuente prueba es de que tan solo teniendo en cuenta las remesas anuales, arriba mencionadas, enviadas por nuestro colectivo, éstas ya suponen hoy en día OCHENTA VECES MÁS que los minúsculos presupuestos que dedica el Estado Español a la emigración.
Uno podría pensar que esa España Exterior tendría más que poderosas razones para sentirse totalmente alienada y desincentivada. Pero muy al contrario, nuestro colectivo sigue teniendo siempre un tal sentido de patria, un sentido de identidad nacional tan poderoso, que le impulsan a responder siempre con quien tan pobremente corresponde con sus necesidades y sus méritos sobresalientes.
Por todo ello, es hora ya de que digamos: Basta ya; de ninguna manera. Ha llegado la hora de que reclamemos con la fuerza que nos dan los datos fehacientes, no ya limosnas o ayudas, sino programas concretos como justa compensación por lo que hemos ganado y seguimos ganando a pulso.
Un mínimo de justicia equitativa elemental exige que los presupuestos que el Estado Español dedica en apoyo económico a esa España Exterior deben, no ya incrementarse, sino multiplicarse por varios factores.
Qué más podríamos decir, sino que en época de vacas flacas, malamente se pueden pedir “aumentos de sueldo” cuando todos se atan el cinto. Si así se piensa poco se entiende de la problemática que presentamos aquí. Los presupuestos ahora dedicados a nuestro colectivo son ahora ínfimos, comparados con nuestras contribuciones. Por ello una duplicación o multiplicación de los mismos, sería todavía una gota de agua en los presupuestos del Estado. Y además sería no ya justicia equitativa, que debe serlo, sino inversión en un futuro aún mucho más rico en contribuciones de esta España Exterior que redoblaría su ahínco en formar una parte más integradora de la España total. ¿Alguien, por allá arriba, piensa en todo esto?

 

Soporte Económico a los Órganos de Representación

Si algo ha de reforzar la cohesión y defensa de los derechos de los españoles fuera de España, debe ser un apoyo institucional y económico mucho más fuerte a los organismos que nos representan directamente y de cuya elección somos responsables. Ya mencionamos el caso del Consejo General.
El lazo más desestabilizador en esta problemática son los consejos de residentes, los CRE. Sus responsabilidades y competencias son muy superiores a los exiguos presupuestos que malamente les mantienen. Muy especialmente, su representatividad es baja, sencillamente porque poquísimos españoles en las circunscripciones electorales llegan incluso a enterarse de que hay elecciones para formarlos. La falta de presupuestos impide ninguna notificación amplia.
Igualmente su responsabilidad primaria de informar y asesorar, tanto a la Oficina Consular correspondiente como a la comunidad a la que representan, carece de medios para la financiación de vehículos adecuados de comunicación (boletines, páginas web, hojas informativas, reuniones con el colectivo, etc.).
Esta situación ya de por sí crea un sentido de impotencia pues los miembros de los CRE, con los medios que se ponen a su disposición, no pueden alcanzar las metas que los Reales Decretos les imponen.
La justificación para medios mucho más sustanciales es más que sobrada en el contexto de cuanto vamos escribiendo.

Partidas Presupuestarias de Asistencia a Necesitados

Conscientemente hemos puesto el apoyo financiero a los órganos de representación primero, pues una adecuada financiación de los mismos repercutiría poderosamente en reforzados beneficios y servicios a toda la comunidad en el exterior.
A renglón seguido, no hay duda de que la asistencia a los más desvalidos y necesitados en la comunidad exterior es una máxima obligación que el Estado Español tiene precisamente con quienes en sus buenos tiempos han sido con frecuencia contribuyentes netos a la economía de España.
Y así también debemos reconocer que, aunque los presupuestos no son nunca debidamente adecuados para estas necesidades, este es un capítulo con el que los diversos Gobiernos de España han mostrado más consideración. Debe siempre haber una continuada revisión de las necesidades más perentorias de ciertos miembros de nuestro colectivo y la adecuación de los medios para cubrirlas.
Sería muy difícil justificar cualquier reducción en estos presupuestos y, por el contrario, sí hay razones de peso para ampliarlos.

 

Mantenimiento y Mejora de Servicios Educativos

El colectivo de españoles en el exterior recibe ya la escolarización de sus hijos en los países donde residen. Con todo, como bien sabemos, hemos tenido siempre una doble identidad cultural, y con frecuencia lingüística.
Ha sido y seguirá siendo siempre responsabilidad del Estado Español promover todas cuantas iniciativas contribuyan a mantener y reforzar la identidad cultural y lengua españolas, así como las lenguas autonómicas donde sea posible. Esto exige ya no solo una estructura que ponga en práctica dicha obligación sino también los presupuestos adecuados que le permitan tener éxito.
Durante casi 40 años, el Gobierno Español ha mantenido un programa de lengua y cultura españolas para hijos de españoles en países no hispanohablantes. Ha sido un gran modelo a seguir por cualquier otro país. Varias generaciones de descendientes de españoles han podido mantener la identidad cultural de sus padres en buena parte por estos programas.
Pero, este programa está ahora en crisis. Los representantes de los españoles en el exterior han expresado una seria preocupación en relación con propuestos recortes de servicios educativos a nuestro colectivo, y en estos momentos de manera muy especial en lo que se refiere a las clases de lengua y cultura.
Muy al contrario, el Gobierno debería planificar cualquier mejora y extensión de estos servicios y no posibles recortes. De nuevo, son derechos ganados, no servicios caritativos.

 

Promoción Cultural y Social de Centros y Asociaciones

Los centros y asociaciones españolas en el exterior, las casas de España y casas regionales, han sido durante más de un siglo el punto de apoyo y entronque para el colectivo de españoles que salieron de España hacia los cuatro puntos cardinales del Globo. Han sido también los focos donde han mantenido su identidad cultural y desde donde la han proyectado hacia el exterior.
Los logros de muchos de ellos, la fama que alcanzaron, son legendarios. Quién puede olvidar tantas Casas de España extendidas por el mundo, o el Centro Gallego en Buenos Aires, el Centro Asturiano en México, el Centro Canario en Caracas, el Centro Riojano en Santiago de Chile, la Casa Galicia en Nueva York, y tantísimos otros.
Algo que no se reconoce con suficiente frecuencia, quizá su logro más destacado, es que fueron los mismos emigrantes quienes, bien con su granito de arena o con la gran ayuda de los más afortunados, los crearon y mantuvieron. Son prueba de su tesón, de sus éxitos, de su orgullo de ser españoles a la vez que gallegos, asturianos, canarios, etc. No les mantenía en el pasado la ayuda de un Gobierno Español que se ocupara de los emigrantes, sino sus propios recursos.
Pero, bien es cierto, que los tiempos y las circunstancias cambian. Hoy muchos de esos centros están localizados en países con serias necesidades económicas. Incluso en los países desarrollados, los cambios generacionales y la integración de los españoles en la cultura dominante hacen que los centros pasen necesidades y que en muchos casos desaparezcan. Triste es decir que en tantos casos ese legado se pierde.
Mucho más debíamos considerar que hoy, con la seria crisis económica que asola a tantos países y cómo no, de manera especial a España, el mismo colectivo de españoles en el exterior, deberá ser mayormente quien encuentre los recursos necesarios para mantener y reforzar sus instituciones en el exterior. Y ahora de nuevo, deberían ser los más pudientes quienes aportaran recursos para potenciar este riquísimo legado histórico de la España Emigrante.
Aun así, qué duda cabe, que incluso hoy, aún en momentos de crisis, cunde al Gobierno Español aportar recursos, en manera alguna benéficos, sino más bien justamente ganados durante generaciones, para ayudar a mantener y potenciar esos centros y asociaciones.

 

Promoción del Conocimiento de España entre los Españoles de Segundas Generaciones

Cuatro factores contribuyen a un crecimiento vertiginoso de la población española en el exterior, especialmente la población joven. En tan solo siete años el censo electoral exterior ha crecido en un 40% –tenemos 490.000 votantes españoles más–. A ello han contribuido los dos cambios en las normas de nacionalidad, el crecimiento generacional de esta población y la nueva emigración al exterior. Este aumento ha pasado a engrosar mayormente las filas de la población joven (menor de 40 años). El empuje más llamativo ha sido el de los hijos de padres que fueron españoles antes de que ellos nacieran y que, recientemente, adquirieron la nacionalidad española por la llamada Ley de la Memoria Histórica. En tres años (2008-2011) se presentaron 505.000 solicitudes y de ellas se van concediendo como válidas aproximadamente el 80%.
Todo ello ha creado una numerosa población joven española en el exterior que son ciudadanos con todos los derechos, pero no tienen un sentido tan fuerte de identidad española como lo tenían sus padres. Ello ha dado lugar a reacciones en la España territorial contra esta población; se quejan de cómo hay españoles en el exterior que participan en elecciones, votan e incluso condicionan sus resultados sin tener mucha idea de España o haber pisado nunca nuestro País.

La respuesta más simple a estas quejas espurias sería: Así es la democracia. Los ciudadanos que ejercen sus derechos deciden elecciones. Quien cuestione esto está cuestionando los principios fundamentales de la democracia: Un ciudadano, un voto.
Pero hay algo más y algo mucho más importante. Muy al contrario de estas quejas envidiosas y derrotistas, están posibles iniciativas con visión de futuro. Todos estos son españoles, querámoslo o no, y lo pueden ser con tanto entusiasmo y voluntad de identidad como sus padres emigrantes, si se les da una oportunidad.
Por qué no tratar de conquistar a este colectivo de gente mayormente joven, con preparación en el exterior en muchos casos mejor que la de la juventud en España, con niveles profesionales destacados. Son gente altamente productiva. Por qué no atraerle a la idea de España, a un mayor sentido de identidad española, aparte de la que ya tengan por haber nacido en otro país.
No es difícil, ni complejo, ni costoso. Basta voluntad. Lo que estos españoles jóvenes en el exterior necesitan es que se les ofrezcan oportunidades de conocer mejor España, su historia, su constitución, su cultura, su estructura de gobierno. Tenemos ya una extensa red de centros regionales y nacionales en el exterior que podrían ofrecer un extenso repertorio de clases, con numerosos profesores y maestros jubilados que gustosamente ofrecerían su tiempo. Otras muchas personas mayores cultas y conocedoras de su historia estarían igualmente deseosos de transmitirla a las nuevas generaciones.
Pero sin duda el apoyo institucional es también necesario. De ahí la cooperación y coordinación del Consejo General y los Consejos de Residentes (CRE) para poner en marcha estas iniciativas.

 

Coordinación y Apoyo a la Red de Empresarios Españoles

Quién puede negar, como ya hemos demostrado, que los empresarios españoles en el exterior contribuyen de manera tan decisiva al desarrollo de España. Pero no nos engañemos, pues también es cierto que demasiado frecuentemente nuestros empresarios se sienten desamparados o ignorados por los que supuestamente son el brazo exterior del Estado Español.
El Consejo General ha dado ya un importante paso adelante creando recientemente en el nuevo Reglamento una Comisión Delegada Empresarial (todavía pendiente de ser aprobada por el Pleno del Consejo). Este puede ser el elemento coordinador y de apoyo, el estímulo y promotor que tantos empresarios necesitan.
Lo que no tiene sentido es lo que hemos visto durante décadas, cómo los organismos del Estado Español, central y autonómico, organizan numerosas actividades promocionales en el exterior, ignorando por completo a nuestro colectivo que es, quién puede dudarlo, fuente inagotable de recursos humanos. Otro gallo les cantara si los tuvieran en cuenta.
Pero amén de las estructuras y la buena voluntad, hace falta estímulo económico, más recursos, que indudablemente producirán réditos abundantes.

 

Apoyo Institucional y Financiero para Recursos Informáticos Adecuados

Finalmente, a todos los niveles mencionados arriba, y mucho más, es indispensable que el Gobierno esté dispuesto a invertir más en recursos informáticos que continuamente refuercen la acción y avance del colectivo español en el exterior.
Ya el Gobierno está llevando iniciativas que van por el buen camino. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Empleo son buenos ejemplos de ello. Pero el mayor error sería que desarrollaran estos sistemas y medios informáticos a espaldas de nuestro colectivo. No olvidemos lo que debería ser la directiva máxima: Pasó a la historia hace tiempo eso de llevar a cabo proyectos paternalistas para aquellos pobres emigrantes. Es ahora esencial que estos proyectos se desarrollen con la activa participación y cooperación de los mismos españoles en el exterior.
Y aún más es indispensable que se estimulen iniciativas que los mismos representantes de nuestro colectivo desarrollen en su propio nombre, con más autonomía de la que podrían tener bajo las alas protectoras (y vigilantes) del Gobierno. Pero eso sí, merecen también el apoyo financiero del Estado Español, apoyo que tan merecidamente se han ganado.

 

Una visión de futuro

Para concluir, se impone una nueva ética en el Gobierno y Parlamento españoles. Es indispensable desarrollar ese sentido de correspondencia, esa convicción de que no pedimos limosna, sino algo bastante más justo; de que no esperamos dádivas sino lo que se nos debe. Nos lo hemos ganado y lo seguimos ganando a pulso día a día.
Ojalá llegue el día que nuestros conciudadanos del territorio nacional abran los ojos, se den cuenta y sobre todo tengan el coraje de reconocer, que, muy lejos de los falsos mitos que les han engañado hasta ahora, el colectivo de españoles en el exterior es un poderoso contribuyente a su propio bienestar, al desarrollo de nuestro país. Ese día habremos dado un paso gigantesco hacia una España más coherente, más integradora, más complementaria.
Al contrario, muchísimo habría que perder y lamentar si esta España exterior se sintiera sistemáticamente rechazada, sus derechos básicos vulnerados, su histórica contribución al desarrollo de España minusvalorada o incluso menospreciada, su participación en la vida electoral y política de nuestro país seriamente dificultada (como incuestionablemente hace ahora la presente Ley Electoral), y su culto de una identidad española subestimado. Qué podría hacer este gran colectivo sino olvidarse de su sueño irrealizable, y por ello integrarse y diluirse en las culturas en que viven y de cuyo entramado ya forman parte, sabedores de que el país donde están haciendo sus vidas les acoge y valora más que su país de origen.
Todo queda en manos del Gobierno y Parlamento Españoles. Sólo si se vuelcan con pasión a incorporar y acoger la España Exterior en la compleja fibra política y social de España se dará paso a una nueva España decisivamente más rica e influyente en todo el mundo.

 

 

Ángel Capellán Gonzalo
consejero por los EE UU, consejo general de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), 1998-2016; expresidente y consejero del Consejo de Residentes Españoles de NY (CRE), 1997-2015.

 

Edición Semanal