«La ley de memoria histórica nació atrapada entre dos almas. De un lado, por la voluntad de reconocer los principios, derechos y valores por los que fueron reprimidos  quienes los defendieron; de otro, por la intención de no romper el marco de la transición legitimador del sistema constitucional. De la primera destaca la condena  explícita al franquismo contenida en la exposición de motivos de la ley«, dice en una de sus parte más significativas el libro «Qué hacemos por la memoria histórica» de Rafael Escudero (profesor de Filosofía del Derecho en la Carlos III), Carmen Pérez González (profesora de Derecho Internacional en la Carlos III), Patricia Campelo (periodista especializada en memoria histórica) y Emilio Silva (cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica). Más información en la web de ‘Qué hacemos’.
Más adelante el libro, ya a la venta en España, sigue diciendo:«La segunda legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero -los años de la frustración- dio paso al gobierno con mayoría absoluta del PP. Su mayoría parlamentaria, unida a su oposición a la ley de memoria histórica durante el proceso de su tramitación, hizo temer por la vigencia de la ley aprobada en 2007.»
Más adelante el libro nos devela una táctica que aplica con bastante frecuencia la derecha española y en estos términos los destacan los autores:«Lo cierto es que si el PP no ha promovido la derogación de la ley es porque no le ha hecho falta. Su oposición a la recuperación de la memoria histórica sigue siendo la misma que la que exhibió de manera furibunda durante la tortuosa tramitación de la ley. Lo que sucede es que ahora no necesita exhibirla públicamente. Le basta con llevar a la ley a vía muerta, es decir, con ignorar su contenido y las políticas públicas que en ella se refieren. Es decir, con llevar a cabo una derogación de facto de la ley.»

Acá convendría matizar algunos aspectos relacionados con la Ley de Memoria Histórica a que hace referencia el citado libro, pero en otro sentido. Se trata de que en esta ley se consignó la Disposición Adicional 7ma. para el acceso de los hijos-nietos de emigrantes españoles (ya fueran emigrantes económicos o exiliados políticos) a la Nacionalidad de sus ascendientes y que significó una batalla larga y difícil en las Cortes para lograr su aprobación. Como hemos dicho en varias ocasiones en nuestro blog esta disposición fue un paso de avance en el reconocimiento de la Sociedad española de los derechos de sangre de los descendientes de españoles y en la cual el PP puso muchas zancadillas para detenerla, a tal extremo que estuvo a punto de no llegar a tiempo antes de la conclusión de la legislatura socialista. Luego de aprobada el PP se dedicó a echar en cara al gobierno las lagunas y miserias que tuvo dicha Disposición 7ma que entre otras fueron: la discriminación para el acceso a la Nacionalidad de los hijos-nietos de mujer española emigrante, el supuesto año de Vacatio legis, para preparar a los consulados en el exterior para poner en marcha la disposición, incumplida notoriamente porque luego fueron conocidas las fallas más elementales de previsión, las interpretaciones sesgadas de muchos funcionarios consulares y el casi total desconocimiento de los funcionarios de los Registros civiles dentro de España al iniciarse la aplicación de la DA en diciembre del 2008 y por último la discriminación de los bisnietos mayores de edad, lo que produjo una división en la familia.
Es conocida también  la firme posición de un hombre muy conocedor de la comunidad española en el Exterior que en varias ocasiones se ha quejado de la falta de sensibilidad de la propia España par reconocer el valor y la trascendencia de los españoles que viven fuera de sus fronteras. En un reciente artículo Ángel Capellán Gonzalo (consejero por los EE UU en el consejo general de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) dijo en Crónicas de la Emigración:»Los artículos que han publicado numerosos periódicos nacionales muestran el desconocimiento profundo que los medios de comunicación tienen de la España Exterior, la también llamada emigración española». En este artículo de Capellán se critica la inclusión de los nuevos españoles en el exterior como españoles que han emigrado durante la actual crisis que vive nuestro país y aclara a qué se debe el equívoco.
Ahora también se aprecia, en su justa magnitud, el doble rasero del PP ya que en los años iniciales de aplicación de la llamada ley de Nietos decían a voz en cuello en cuanta oportunidad tenían, de que el gobierno de Zapatero era cicatero porque si ellos hubieran estado en el poder otorgarían la nacionalidad a todos los descendientes de emigrantes en el exterior. Hoy constatamos que era pura farsa estos anuncios de intenciones: ellos no apoyaron la ley de nietos y jamás le ha interesado tal normativa, dejémonos de engaños.
Pero la táctica de la derecha en el poder es la misma que con el texto general de la Ley de Memoria Histórica que ahora se analiza en este libro. Como no les interesa la adquisición de la Nacionalidad de los nietos, usan ahora la vía «de una derogación de facto»,es decir, dilatar cada vez más la resolución de los cientos de miles de expedientes pendientes en los consulados de Argentina, Venezuela, México y Cuba. No hay información de los expedientes resueltos en los últimos meses, las denegaciones ni las cifras de aquellos expedientes sin resolver. Buscan explicaciones para tales retrasos e incumplen la promesa de dar informes a la comunidad de españoles en los diferentes países.
Fíjense que digo a la Comunidad, no a los acólitos de los consulados que supuestamente hacen función representativa de la comunidad y en realidad viven como «pichón con el pico abierto» a la espera de las prebendas del poder.
En el artículo <Otra falacia, allende los mares> expusimos cómo se está comportando el proceso en el Consulado de La Habana que aún tiene pendiente casi 100 mil expedientes por la ley 52/07 o ley de Memoria Histórica. No conocemos tampoco información de la marcha del proceso en los principales países de aplicación de la normativa y por el contrario cada día el proceso es más lento y cada vez menos transparente. En el post señalado concluíamos diciendo que:»Si fuera cierta esta estimación (la que hace DobleR) los cálculos matemáticos más elementales nos llevarían a pronosticar alrededor de 23,8 años para concluir el proceso. Es decir, el año 2036″.

No es sólo esta táctica de falta de información y transparencia lo que nos hace sospechar una acción silente y malintencionada del gobierno y de las autoridades consulares, son muchas otras, entre las que podemos señalar:
a.- Expedientes presentados desde el 2009 que aún no tienen solución como el caso señalado en el post La Burocracia bloquea… 
b.- Requerimientos a expedientes que datan de tres años de presentados.
c.- Denegaciones cada vez más frecuentes por causas no contempladas en el espíritu y letra de la ley. Una de ellas es la referida a que debe presentarse documentación que demuestre que el emigrante español estaba inscrito en los registros de Extranjería o haberse nacionalizado en el país adonde emigró. Se conoce que la gran mayoría de los emigrantes españoles no regularizaban su situación por temor a ser deportados a España o simplemente porque se asentaban en zonas rurales para trabajar la tierra, alejados de la comunicación y la ciudad.
d.- Denegaciones poco claras cuya argumentación no explica en términos asequibles al hombre de a pie, cuáles son las causas de dicha Negativa.
e.- Atasco en las respuestas a las denegaciones de nacionalidad por LMH por parte de la DGRN, del Ministerio de Justicia español.
f.- Imposibilidad de que los ciudadanos denegados puedan acceder a una demanda ante el Tribunal Supremo debido al incremento de las tasas judiciales.
g.- Dificultades cada vez más crecientes para que los nuevos ciudadanos españoles por esta ley puedan inscribir el Matrimonio en los Consulados.
h.- Dilatación excesiva del otorgamiento de la nacionalidad a los hijos menores de edad de la Generación Recuperada, como se le ha llamado.
Y un sinnúmero de etcéteras imposibles de abarcar en este post que afecta a la Ley Nietos España e Iberoamérica

Este rosario de dificultades es lo que se vislumbra en el horizonte de este justo derecho, inédito hasta el 2007 en la legislación española, referido al derecho de sangre de su gran comunidad en el exterior.Por todo ello vemos con gran preocupación el estado y sobretodo el futuro de la aplicación de la parte que atañe a los hijos-nietos de españoles que se beneficiaron con la DA 7ma. de la Ley de Memoria Histórica (Ley Nietos España e Iberoamérica) que como hemos visto está siendo torpedeada silenciosamente por el gobierno español esgrimiendo la crisis como justificación de su táctica encubierta.
He leído recién que:»… defender los derechos de los que solo ven la nacionalidad española como una oportunidad o tan solo como un pasaporte libre de visado es muy cuestionable«. Nosotros decimos que NO, defender los derechos de cualquier persona es una misión digna y el derecho a la Nacionalidad de los padres y abuelos emigrados, es aún, una misión más honrosa. Habría que recordar aquí aquella brillante frase de Juárez:»Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz«.
En definitiva que España, como nación moderna, acabe de reconocer los crímenes y la represión de la Dictadura Franquista y que España como país sensible reconozca y atienda adecuadamente a su Comunidad en el Exterior: estas son nuestras aspiraciones!!