La opinión ajena…Consumación.

20MINUTOS.ES. 05.12.2012 – 20.43

Alberto Ruíz-Gallardón acometerá la privatización de la gestión de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad a través de una reforma legislativa que ya tiene borrador y que establece que estas entidades pasarán a ser llevadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, en lugar de por los jueces.
Los usuarios abonarán un arancel por trámites como las solicitudes de informaciónEl texto del Ministerio de Justiciaprevé que, tras el traspaso, los usuarios tengan que pagar un arancel por determinados servicios que hasta el momento no tenían coste. Esos pagos deberán sufragar los gastos de gestión, funcionamiento y conservación de las oficinas registrales, así como la retribución de sus profesionales.
Según costa en la reforma del artículo 294, los aranceles se aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente de lasfincas o derechos objeto de los hechos, actos o negocios jurídicos sujetos a inscripción y, a falta de aquellos, sobre los consignados por las partes como precio o valor de tasación de los bienes.
El cobro se realizará sobre las peticiones de información sobre de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción onacionalidad. Las concesiones de nacionalidad fueron los primeros trámites que Gallardón anunció que pasarían a manos de los registradores.
Los «privilegios» de los registradores

«Quienes acudan al Registro Civil tendrán que pagar un arancel para registrar una defunción y para cualquier acto o hecho obligatorio que inscriban, pero además habrá que inscribir otros actos que a día de hoy no son obligatorios, como poderes, el domicilio, seguros de vida y accidentes, y testamentos», ha denunciado UGT.
Para la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), esta reforma perjudicará la mayoría de la población y beneficiará a corporaciones que «han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada».

El Gobierno ha invertido alrededor de 128 millones en los registros que ahora entrega al Colegio. Además, la JpD ve «contradictorio» que el Gobierno haya invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles y que, ahora, «aproveche» esta mejora para asignarla a la «gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores».
La modernización de esta parte de administración es, precisamente, uno de los motivos del cambio, ya que el Colegio de Registradores aportará las cantidades de las que el Ministerio carece para completar la reforma. A cambio, cobrará de los usuarios. Además, ello aligerará de carga los juzgados y tribunales.
El nuevo régimen organizativo reduce el número de oficinas y elimina el Registro Civil Central, aunque no esclarece el destino de los funcionarios que trabajan allí.
Según el departamento de Alberto Ruíz-Gallardón, los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, «seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos».
Para defender su postura y negar la privatización, Justicia señala que los registradores son empleados del Estado que realizan un trabajo público.