por El Apuntador
Según algunos medios el gobierno podría estar preparando un anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros en el que se incluiría la medida, entre otras, de privatizar el Registro Civil. Al parecer se trataría de traspasar sus funciones al registro de la propiedad, por lo que trámites que hasta ahora son gratuitos pasarían a ser de pago. Ya saben, a partir de ese momento habría que pagar por formalizar trámites como nacer, casarse, divorciarse o morirse, puesto que los registradores de la propiedad, a pesar de ser funcionarios públicos, no cobran del Estado si no de los aranceles impuestos a aquellos que hacen uso de sus servicios. Estaríamos ante otra medida más encaminada a reducir gasto público a las bravas, deshaciéndose de la prestación de servicios esenciales y, para más inri, obligatorios. Una medida injusta como tantas otras que no favorece a nadie y perjudicaría a todos por igual pero la notarán, obviamente, los más desfavorecidos. Bueno, he dicho que no favorece a nadie, miento. Los registradores de la propiedad en los últimos tiempos han visto como sus ingresos descendían en la misma proporción que lo hacían la compra-venta de pisos.

Desde el Ministerio de Justicia se recalca que no es una privatización y que aún se está estudiando a que tasas afectaría. Podría ser que los nacimientos y las defunciones siguieran siendo gratuitas, pero a estas alturas de la película, ¿quién se lo cree?. El director general de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, ha rechazado las críticas afirmando que la medida no tendría afán recaudatorio. Sin embargo, recalca que permitiría ahorrar a la administración gran parte de los 350 millones de euros ahora destinados a esta tarea. ¿de donde saldrá ahora ese dinero? Sea cual sea el afán, recaudatorio o no, el efecto sobre nuestros bolsillos será el mismo.

El Registro Civil realiza anualmente alrededor de 1.300.000 trámites. Aún suponiendo que los nacimientos y las defunciones quedarán excluidos del pago de tasas, aún quedarían aproximadamente 400.000 trámites por los que tendríamos que pagar entre 10 y 40 euros, según se está planteando. Dinero que saldrá de nuestro bolsillo para acabar en el de los registradores.

La asociación de Jueces para la Democracia en boca de su portavoz, Joaquim Bosch, ha denunciado que con el anteproyecto de ley estos servicios «dejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los Registradores de la Propiedad y de los Registradores Mercantiles» y otros se reservarán a los notarios. La asociación también ve «contradictorio» que se hayan invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles y que  ahora se asigne a la «gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores».

Estamos pues ante otra maniobra privatizadora del gobierno dirigida exclusivamente a ahorrar dinero a la administración pública a corto plazo sin pensar en las consecuencias para una población cada vez más diezmada económicamente. Además, en este caso, beneficia, nuevamente, a un colectivo como el de los registradores, ya de por sí privilegiado al igual que ocurre con los notarios. Nótese, además, que con ninguna de las medidas que adopta el gobierno el objetivo es mejorar el servicio u optimizar el gasto público, si no sencillamente eliminarlo. Está claro que a corto plazo es lo más fácil, pero ¿no nos saldrá demasiado caro a la larga? Y yo me pregunto, si la excusa para todas estas medidas es la profunda crisis que vivimos una vez hayamos salido de esta se retornará a la situación anterior o seguiremos los ciudadanos pagando los privilegios de unos pocos.