Los españoles sobrevenidos que no se comporten como Dios manda podrán ser privados de la nacionalidad.

«En las sesiones de control al Gobierno en el Congreso se mencionan muchos problemas y no se resuelve ninguno, pero eso no les quita carga evocadora. Escuchando una pregunta de la socialista Soledad Pérez Domínguez al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre el anteproyecto de adquisición y pérdida de la nacionalidad española, recordó el cronista la admiración que sintió la escritora croata Dubravka Ugresic, residente en Ámsterdam, hacia los holandeses porque regalaran una patata de porcelana azul de Delft a sus nuevos ciudadanos cuando adquirían la nacionalidad del país. ¿Y en España? ¿Qué regalamos en España a los que abrazan nuestra nacionalidad? Nada.Pero ahora, si sigue adelante el anteproyecto restrictivo que han elaborado los expertos a las órdenes del ministro Gallardón, los españoles sobrevenidos que no se comporten como Dios manda podrán ser privados de la nacionalidad. El asunto es tan serio que la resistencia a un desahucio, la participación en una alteración del “orden público” o el incumplimiento de alguna norma obliga podrá ser motivo suficiente para convertirles en parias.Si el anteproyecto no se corrige, la nueva regulación permitirá quitar sus derechos como ciudadanos españoles a cuantos posean la doble nacionalidad y ejerzan atribuciones políticas en otro país, lo que afecta especialmente a la comunidad Iberoamericana de naciones. “¿Quitará la nacionalidad española al alcalde de Río de Janeiro, que ha conseguido la celebración de los Juegos Olímpicos para su ciudad?”, preguntó Pérez Domínguez a Gallardón. El alcalde Eduardo Paes, del Movimiento Democrático Brasileño, arrasó en las elecciones de octubre pasado, con el 64,6% de los votos y es una especie de Maragall español. Pérez Domínguez pidió a Gallardón que hable con el PSOE y no meta otra vez la pata como hizo con las tasas judiciales.El ministro no confirmó ni desmintió el contenido del anteproyecto, sólo dijo que se atiene a los principios de “eficacia y claridad” porque la concesión de la nacionalidad depende de cada registro civil y se producen divergencias. ¿Quiere decir que cada registro civil de su Ministerio aplica la norma como le viene en gana? Y sobre la pérdida de la nacionalidad explicó que “se ajusta al Convenio Europeo de 1997”. Y para que los socialistas vean el grado de eficacia de su gestión, aseguró que ya están resueltos 278.000 de los 400.000 expedientes de petición de nacionalidad que se encontró cuando llegó al Ministerio. Como es sabido, ha depositado la gestión en manos de los Colegios de Notarios.Lo paradójico del caso es que el Ejecutivo anuncie que está estudiando la concesión de la nacionalidad a cuantos extranjeros dispongan de 150.000 euros y se compren una casa en España y, al mismo tiempo, proponga privar de la nacionalidad a quienes, por ser pobres y haber perdido el empleo, no puedan pagar la hipoteca y protesten en la calle. Pero ya sabemos que la política está llena de paradojas. En la misma sesión de control del miércoles, el socialista Gabriel Echavarri recordó a Gallardón sus manejos en el “caso Naseiro”, del que partió la supuesta financiación non sancta del PP desde la década de los ochenta hasta nuestros días. En realidad Gallardón sólo hizo un informe jurídico a favor del partido, la Alianza Popular de entonces.Según Echávarri, la sombra de Gallardón es prolongada y llega hasta nuestros días. Así, una sobrina del extesorero Álvaro Lapuerta, imputado con su sucesor Luis Bárcenas en los manejos de financiación suplementaria, ocupa, por decisión del ministro, la dirección general de la Abogacía del Estado. No dijo Echávarri que se trata de la abogada del Estado Marta Silva Lapuerta, exsecretaria general de Sacyr Vallehermoso y del Real Madrid con Florentino Pérez hasta 2009. Desde entonces hasta su nombramiento, ejerció como abogada del Estado en la Audiencia Nacional. Tampoco dijo que es cuñada del propio ministro quien, por lo demás, demostró su habilidad recordando que aquí el único condenado por financiación ilegal ha sido el PSOE y anunciando que entre las reformas que ha propuesto figura la del enjuiciamiento criminal que permitirá inhabilitar, como medida cautelar, a los políticos imputados en casos de corrupción.»