La Asociación por Derechos Humanos de España (ADPHE) ha reclamado a España que gestione «la inmediata liberación» de todos los presos saharauis, que exija la cancelación de las negociaciones de renovación del Acuerdo de Pesca UE-Marruecos, que entregue a la ONU sus «responsabilidades como potencia administradora» y que restituya de forma «inmediata» la nacionalidad española a todos los saharauis.

   «La vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental es consecuencia directa de la invasión del territorio a través de los ilegítimos ‘Acuerdos de Madrid’ firmados el 14 de noviembre de 1975», ha declarado la organización en una carta abierta al Rey don Juan Carlos con motivo de su actual visita oficial a Marruecos, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

   «Treinta y ocho años después de la firma de dichos acuerdos, comprobamos lamentablemente el triste legado de los mismos: torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, asesinatos, ausencia de legalidad y derecho de defensa, represión de activistas y civiles saharauis, discriminación y violencia hacia mujeres y niñas, permanente uso de la fuerza para reprimir manifestaciones, o ausencia de libertad de expresión», prosigue la ADPHE.

   A juicio de la organización, es «decepcionante y reprobable la complicidad de algunos miembros de la comunidad internacional, España incluida, que no debate ante el Rey de Marruecos los incuestionables argumentos de legalidad internacional que deslegitiman su consideración unilateral del Sáhara Occidental como parte de su territorio».

   «Esta actitud irresponsable favorece la cultura de la guerra, la confrontación y constante violación de los derechos fundamentales de los habitantes de los Territorios No autónomos del Sáhara Occidental, el expolio de todos sus recursos, y menosprecia la lucha pacífica que los jóvenes saharauis realiza desde la firma de los acuerdos de paz de 1991», continúa la carta.

   Asimismo, la APDHE considera «vergonzoso e inadmisible que la misión de la ONU en el territorio (MINURSO) siga sin poder actuar ante cualquier flagrante violación de los Derechos Humanos, al carecer de facultades, sin que pueda actuar en defensa de los derechos inalienables de un pueblo sometido a una feroz invasión y posterior colonización».

   La organización ha denunciado también el «inaceptable comportamiento de nuestro Gobierno, que presume de los avances de Marruecos en el ámbito de los Derechos Humanos», y ha criticado «la frase utilizada en los últimos años por la diplomacia española» en favor de que «las partes se pongan de acuerdo y se consiga una paz, justa y duradera en el marco de Naciones Unidas», la cual, a juicio de la APDHE, «choca frontalmente con una realidad: la ilegitimidad de los ‘Acuerdos de Madrid’, origen del drama humanitario saharaui».

   Por todo ello, la APDHE ha solicitado al Gobierno de España, «como Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental», que emprenda las gestiones para «la inmediata liberación de todos los ciudadanos saharauis encarcelados, tanto en Marruecos como en las zonas ocupadas, desde 1975».

   Asimismo, ha reclamado a España que exija a la Comisión Europea la cancelación de las negociaciones de renovación del Acuerdo de Pesca UE-Marruecos, «así como del resto de acuerdos que la UE tiene firmados con Marruecos, como el de libre comercio de productos agrícolas».

   La APDHE ha pedido también al Gobierno español que denuncie los ‘Acuerdos de Madrid’ «por procedimiento de urgencia», y que restituya de forma «inmediata» la nacionalidad española «a todos los saharauis censados en 1974 y sus descendientes, así como a los que demuestren, con las documentaciones correspondientes, su derecho a obtener la nacionalidad española».

   La organización ha reclamado también a España «el inicio urgente de las acciones pertinentes para entregar a Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962», y al igual que ocurrió en el caso de Timor Oriental, se ponga en marcha una ‘Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental’ hasta la descolonización del territorio «a través del referéndum de autodeterminación correspondiente».

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